La Comunidad invertirá 282 millones en seis años conforme al Fondo Social Europeo

El Programa Operativo del Fondo Social Europeo+ de Castilla y León para el periodo 2021-2027 contempla una inversión de 282,36 millones de euros, de los que 113 millones -el 40 por ciento- son aportados por la Administración autonómica y 169,4 millones -el 60 por ciento- por la Unión Europea. 

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, presentó hoy en un acto con representantes de entidades sociales de inclusión social y discapacidad, con agentes económicos y sociales, universidades y entidades locales, entre otros, el programa del Fondo Social Europeo+ de Castilla y León hasta 2027, que fue aprobado por la Comisión Europea el pasado 2 de diciembre. 

Fernández Carriedo explicó que Castilla y León es un territorio en transición, por lo que le corresponde una aportación europea del 60 por ciento, frente al 85 por ciento previsto para aquellas zonas menos desarrolladas -Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha- y ultraperiféricas. En el mismo grupo de la Comunidad se encuentran también autonomías como Galicia, Comunidad Valenciana, Cantabria, Asturias y La Rioja, entre otras, ya que su Producto Interior Bruto per cápita se sitúa entre el 75 y el 100 por 100 de la media de la UE. En el caso de las más desarrolladas -Madrid, País Vasco, y Cataluña, entre otras– la financiación se reduce al 40 por ciento.

En ese sentido, el consejero explicó que el Programa del Fondo Social Europeo+ (FSE+) de Castilla y León ha sido elaborado mediante la colaboración de diferentes administraciones públicas, como el Ministerio de Trabajo y la Junta, si bien la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos ha actuado de coordinador. Además, implica a cuatro consejerías -Industria, Comercio y Empleo, Familia e Igualdad de Oportunidades, Educación y Movilidad y Transformación Digital-. También tiene como referentes a los colectivos económicos y sociales, entre ellos, el tercer sector.

La programación acordada en lo establecido en el reglamento del FSE+ por la Comisión Europea y los Estados Miembros tienen que cumplir, al menos, con la siguiente concentración temática: un 25 por ciento destinado a inclusión social; un 12,5 por ciento para empleo juvenil; el cinco por ciento para luchar contra la pobreza infantil; al menos el tres por ciento de privación material, y al menos un 0,25 por ciento de capacitación de interlocutores y agentes sociales.

Cinco prioridades

El programa FSE+ de Castilla y León se concentra en torno a cinco prioridades de inversión acordes con el Objetivo Político 4 de alcanzar ‘una Europa más social e inclusiva, por medio de la aplicación del pilar europeo de derechos sociales’. La primera prioridad es el empleo, adaptabilidad, emprendimiento y economía social para lo que cuenta con una dotación de 66,7 millones de euros para mejorar el acceso al empleo de todos los demandantes de empleo y, en particular, de las personas jóvenes, especialmente a través de la aplicación de la Garantía Juvenil, de los desempleados de larga duración y los grupos desfavorecidos en el mercado laboral, y de las personas inactivas, así como mediante la promoción del empleo por cuenta propia y la economía social. Asimismo, pretende promover una participación equilibrada de género en el mercado de trabajo, unas condiciones de trabajo equitativas y una mejora del equilibrio entre la vida laboral y la familiar.

La segunda línea es la inclusión social y la lucha contra la pobreza, con una previsión de 79 millones. El objetivo es fomentar la inclusión activa y promover la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la participación activa, y mejorar la empleabilidad especialmente para los grupos desfavorecidos.

La tercera prioridad se dirige a la educación y la formación con 44,9 millones de euros para implementar ayudas para la contratación predoctoral del personal investigador y las dirigidas a la adquisición de competencias digitales de los ciudadanos de Castilla y León. Además, se establece el objetivo específico de promover el aprendizaje permanente teniendo en cuenta las capacidades empresariales y digitales.

La cuarta prioridad se centra en el empleo juvenil. Con 76,1 millones se pretende mejorar el acceso al empleo y a medidas de activación de todos los demandantes de empleo, especialmente de los jóvenes, a través de la aplicación de la Garantía Juvenil y de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para jóvenes con discapacidad y el fomento del empleo de jóvenes en situación de dificultad sociofamiliar.

La quinta prioridad se dirige a la garantía infantil, para lo que incluye una asignación cercana a los 15,5 millones euros, con el objetivo de promover la igualdad de acceso a una educación y formación de calidad e inclusivas y su culminación, en particular para los grupos desfavorecidos, fundamentalmente a través de los programas de éxito y refuerzo educativo y para la sensibilización, fomento y mejora del acogimiento familiar en Castilla y León.

Retos

El primer reto es la reducción del desempleo, la mejora de la empleabilidad y el desarrollo de acciones para la igualdad efectiva, especialmente entre los colectivos vulnerables como las personas desempleadas de larga duración, mujeres, personas con discapacidad, ciudadanos con baja cualificación y migrantes y jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

También pretende mejorar la formación y capacitación de la población, fomentar el aprendizaje permanente, el reciclaje profesional y la adquisición de competencias básicas o digitales, especialmente entre los jóvenes, promoviendo la retención de talento, la inserción laboral y el mantenimiento del empleo.

Además, persigue la igualdad de oportunidades y la no discriminación de los colectivos vulnerables y de las personas con discapacidad, mediante la orientación, el acompañamiento y elaboración de itinerarios individualizados de inserción sociolaboral al objeto de lograr una participación activa en el mercado laboral.

Otro de los fines es garantizar una educación “inclusiva y de calidad” en todas las etapas formativas y fortalecer el sistema de protección a la infancia a través del refuerzo del sistema de protección social, desarrollando actuaciones de apoyo y acompañamiento o ‘mentoring’, con especial atención a los menores protegidos y/ o en situación de vulneración social.