La Junta cifra en el 4,5% el seguimiento de la huelga de funcionarios

El 4,5 por ciento de los empleados públicos de Castilla y León, 2.634 personas, secundó hoy la huelga general en los turnos de noche y mañana, convocada por los sindicatos CSIF, CCOO y UGT para exigir la aplicación de la jornada semanal de 35 horas a partir del 1 de enero de 2020. El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, y el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, informaron que estaban llamados a respaldar el paro en estas franjas un total de 58.259 empleados públicos existentes. El resto, hasta los 85.000, ejercerán su jornada laboral en los turnos de tarde y en el inicio de la próxima noche.

Al respecto, Igea manifestó que «ahora», una vez que se ha confirmado la huelga, «hay un escenario presupuestario distinto». «Eso no quiere decir que se vaya a torcer nuestra voluntad, pero es evidente que durante las últimas semanas y días ya informamos de que la imposibilidad de llegar a un acuerdo cambiaría las circunstancias. Pero eso no va a cambiar nuestra voluntad», insistió, en relación al cumplimiento de los objetivos de déficit y la regla de gasto, tal y como señaló el lunes Ángel Ibáñez al término de la última reunión.

Así, según detalló Ibáñez, de los 5.651 efectivos que desarrollan su labor profesional en la Administración de la Junta y que podían ejercer su derecho a huelga hasta el mediodía de hoy sólo han secundado la convocatoria 657, es decir, el 12,1 por ciento; de los 9.613 que lo hacen en las nueve delegaciones territoriales, lo han hecho 1.138, el 12,2 por ciento; del bloque de sanidad, el más amplio en términos absolutos, estaban llamados a la huelga general en estos turnos 20.162 asociados, pero sólo han parado 387, el 1,92 por ciento, según la Junta; y del ámbito educativo no universitario, compuesto por 23.133 personas, lo ha respaldado el 1,82 por ciento.

Del total de 58.259, 51.169 corresponden a funcionarios estatutarios, un colectivo que ha respaldado la huelga general en un 3,76 por ciento (1.923), mientras que los 7.090 restantes de estos dos turnos, que son considerados laborales, apoyaron en mayor medida la convocatoria, con un 10 por ciento (711).

Por provincias, según delegaciones territoriales, los sorianos fueron los que más pararon, un 16,4 por ciento, seguidos de burgaleses (15,4), palentinos y vallisoletanos (ambos con un 15,1 por ciento). En las instituciones sanitarias lideraron este respaldo en Burgos y Soria, con el 3,8 por ciento de trabajadores en cada caso, mientras que en Salamanca sólo hizo huelga general el 0,89 por ciento. Y en el sector docente no universitario, un 3,89 por ciento de los profesionales secundó el paro en Palencia, que encabezó la protesta en términos porcentuales, frente al 0,65 por ciento de Salamanca.

Al respecto, Igea, quien agradeció el trabajo de todos los empleados públicos, “no sólo del 96 por ciento que no ha secundado la huelga general”, ensalzó los “excelentes” trabajadores al servicio de la Administración regional, que “hoy han demostrado que por encima de otro tipo de consideraciones les mueve el interés de los ciudadanos de Castilla y León”.

Igualmente, sostuvo que la Junta “sigue dispuesta a avanzar en las negociaciones de mejora de los trabajadores y nada va a cambiar esta determinación”, siempre, dijo, en base al “diálogo y el acuerdo”. Preguntado por el hecho de que la Junta no ha cumplido el acuerdo suscrito en mayo, comentó que el “compromiso” firmado por el Gobierno anterior se mantiene, con la suma de intentar atender “las reclamaciones y reducir la temporalidad”.

En ese «compromiso de acuerdo» suscrito en mayo, según añadió Igea, «estaba también el establecimiento de las condiciones que tenían que haberse fijado antes de acabar el mes de junio y en ese momento ni siquiera había gobierno constituido». «Ahí se tenían que especificar las condiciones laborales, de existencia y permanencia de la calidad. Por eso no hemos podido cumplir ese acuerdo, que es de un Gobierno anterior, no de el coalición, pero hemos trabajado estos meses haciendo ofertas para mantener también la actividad y calidad de los servicios públicos», remarcó.

Se han de cumplir tanto los compromisos con los sindicatos como los de los ciudadanos, que exigen que cumplamos con la calidad y mantenimiento de los servicios. Es la razón de la postura de la Junta en este caso.

Igea criticó a “quienes en estos días han utilizado esta huelga general de forma espuria y se han referido al karma”, en referencia al PSOE. “Hoy el karma se ha hecho presente”, señaló el vicepresidente, quien llamó a la “reflexión”, a la vista de los datos, “para ver si algunos hacen las cosas de la manera que tiene que ser”. “Han usado el conflicto de forma equivocada. Quizás es la llegada de tiempos distintos, en las que prima la negociación. La sociedad prefiere el acuerdo”, sentenció, para responder a los avisos de los sindicatos de judicializar la situación. “Para nosotros la Justicia siempre es una garantía, no una amenaza. Estaríamos encantados de que los sindicatos fueran a los tribunales”, respondió. En ese caso, prosiguió, la Junta «se atendría al resultado del dictamen judicial» que «naturalmente respetaría de forma íntegra».

También contestó a los sindicatos, que justificaron la negativa de la Junta a aplicar el acuerdo el 1 de enero por que “son dos gobiernos en uno”. “La Consejería de Sanidad no es de Ciudadanos, ni Presidencia es del PP. Ambas son de un gobierno conjunto. Y por eso estamos los dos hoy aquí, para demostrar otra de las falacias vertidas estos días”, justificó, ante su presencia y la de Ibáñez. “Sólo hay un Ejecutivo que es solidario y toma decisiones en los consejos de Gobierno y en el cual todos sus miembros son solidarios. Así ha sido, así es y así va a continuar siendo”, concluyó.

Los trabajadores públicos se concentraron este mediodía frente a las delegaciones territoriales de las nueve provincias de Castilla y León para exigir “ya” el cumplimiento del acuerdo suscrito el pasado 21 de mayo sobre la aplicación de la jornada semanal de 35 horas para los funcionarios públicos de la Comunidad. Con proclamas contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Francisco Igea, los responsables de los sindicatos convocantes, CCOO, UGT y CSI-F, cifraron en torno al 60 por ciento el seguimiento de los trabajadores que podían hacer huelga debido a los servicios mínimos fijados por la Junta. Además, ratificaron la decisión de los servicios jurídicos de las tres organizaciones de llevar a los tribunales al Ejecutivo autonómico por este incumplimiento.

En Valladolid, el secretario autonómico de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) UGT, Tomás Pérez, denunció que la Junta “no ha cumplido absolutamente nada ni piensa hacerlo”. “A partir de ahora vamos a seguir con movilizaciones, con todo, porque tenemos mil cosas preparadas. Vamos a empezar una iniciativa judicial y denunciaremos que no han cumplido el acuerdo a nivel judicial. Luego ya el tiempo es muy largo y esto es una carrera de fondo, pero ni los empleados públicos ni sus representantes vamos a olvidar que no tienen palabra”, afirmó.

Pérez aseguró que a lo largo de la mañana de hoy se han cerrado muchos quirófanos de los hospitales de la Comunidad, algo que confirmó el secretario provincial de la Federación de empleados públicos de UGT Valladolid, Javier Garrido, que aseguró que pese al seguimiento “dispar” de la convocatoria, sí ha tenido repercusión en servicios como la sanidad: “En Valladolid se han cerrado cuatro quirófanos y el laboratorio central del Hospital Clínico, por lo cual los datos numéricos probablemente no reflejen el trastorno que la Junta de Castilla y León está ocasionando en el día de hoy a toda la ciudadanía”, apuntó.

En ese sentido, la presidenta provincial de CSI-F en Valladolid, María José San Román, denunció que algunos servicios en los hospitales han tenido durante la mañana de hoy más personal trabajando que cualquier otra mañana, como el de Rayos del Clínico, que suele tener cinco técnicos de radiodiagnóstico y hoy contaba con siete, una situación que según comentó es extensiva a los servicios sociales, ya que en algunas residencias que suelen tener siete cuidadores por pabellón hoy habían contado con diez.

“El seguimiento en enfermería por ejemplo se ha vuelto muy complicado. Los servicios de urgencias de los hospitales de Valladolid tienen al personal de enfermería cien por cien con servicios mínimos, y así no se puede. De los que han podido hacer huelga aproximadamente el 60 por ciento la ha hecho, pero si la Junta ofrece los datos del total de empleados públicos lógico que sean datos más bajos”, explicó.

Por su parte, la secretaría de Acción Sindical de CSI-F Castilla y León, Raquel Fernández, lamentó que en la última propuesta planteada por el Ejecutivo regional se limite a anunciar la creación de “mesas técnicas en las cuales se estudiará el ámbito económico y de calidad que supondría la implantación de las 35 horas”. “En ningún momento la Junta de Castilla y León ha hecho una propuesta de volver a las 35 horas, sino de crear mesas técnicas para estudiar una serie de parámetros que no garantizan la vuelta a las 35 horas. Más bien todo lo contrario, la dificultan”, denunció.

También atendió a los medios en Valladolid la secretaria de Acción sindical de Sanidad y coordinadora de área pública de CCOO Castilla y León, Dalia Madruga, que señaló que el seguimiento está siendo “positivo” a lo largo de la jornada, pese a los “abusivos servicios mínimos”. “Lo más destacable es que los trabajadores son conscientes de que la Junta les ha engañado porque no ha ofrecido nada en realidad. Las 35 horas que propone a partir del 31 de marzo conllevan unas condiciones que son inasumibles, y la jornada de 35 horas no sería viables ni aplicable desde el 31 de marzo”, añadió.

Madruga recordó que la Administración firmó un acuerdo de aplicación de 35 horas para octubre de este año y no lo ha puesto en marcha pese a que “no tienen excusas”, ya que, en su opinión, “los presupuestos cuadran, personal seria suficiente para contratar y la equidad está resuelta en la medida que se proponía desde el primer momento de que si en algún lugar no se puede implantar desde el principio se le compensaría.”

En su opinión, “lo más grave del asunto es que todo el proceso va en detrimento de los servicios públicos de Castilla y León”, ya que las comunidades autónomas vecinas, como Extremadura, Castilla-La Mancha, País Vasco o Cantabria sí que tienen 35 horas, algo que provoca que “los profesionales de Castilla y León se van a otras comunidades”. “Este Gobierno está permitiendo que se vacíe Castilla y León empeorando las condiciones de trabajo respecto al resto”, refrendó.

Sobre la posibilidad de derivar la cuestión a los servicios jurídicos, afirmó que la Junta “se comprometió a publicarlo en el boletín oficial y no lo ha hecho” y que pueden denunciar “mala fe en la negociación”. “No va a quedar otro remedio que acudir a los juzgados una vez más, como ya pasó con la carrera profesional o con el concurso de traslados de personas funcionarias. Parece que este Gobierno no quiere resolver nada en la mesa de negociación y todo va a acabar en los juzgados. Esperemos que no sea así, les pedimos que reflexionen, que están a tiempo, y que tomen las medidas oportunas para respetar a los empleados públicos y a los ciudadanos y a sus servicios públicos”, concluyó.