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La Junta revisará los programas de formación

Los agentes sociales no pueden ser juez y parte en el proceso

La Junta de Castilla y León revisará las bases de los programas de formación de desempleados y de orientación, formación e inserción profesional gestionadas por el Servicio Público de Empleo, después de que la Inspección General de Servicios haya concluido que no deben participar en su elaboración los agentes sociales que luego concurren a las ayudas y que se ha podido perjudicar la libre competencia.

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, dio a conocer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, las conclusiones de este informe que se inició a raíz de la denuncia de las Asociaciones de Escuelas de Formación, si bien manifestó que será la justicia, ya que el caso se encuentra en proceso judicial, quien diga sí se han producido irregularidades.

No obstante, manifestó que el informe de la Inspección General de Servicios señala que “hay prácticas muy mejorables” y reconoció que “no es razonable” que quienes han participado en la elaboración de las bases concurran a las ayudas, aunque lo desligó del Diálogo Social de la Junta con sindicatos y patronal, foro en el que se adoptan acuerdos que desarrolla el Ejecutivo en base a sus competencias.

Según las conclusiones de la información reservada realizada por la Inspección General de Servicios, se debería revisar la participación de los agentes sociales en el proceso de elaboración de las bases reguladoras de los procedimientos de subvención vinculadas a la formación, orientación e inserción profesional cuando aquellos participen como solicitantes, directamente o a través de sus entidades de formación vinculadas.

También, se deberían revisar las bases reguladoras de los procedimientos de subvención vinculadas a la formación, orientación e inserción profesional, desde el punto de vista del cumplimiento del principio de libre competencia, con especial atención a las características de los beneficiarios, a fin de que no se produzcan prácticas anticompetitivas, y a los criterios de valoración, de manera que se establezcan los necesarios y suficientes para cumplir la finalidad de la subvención sin ir más allá.

En tal sentido, se recuerda que en el ámbito autonómico el Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León es el órgano colegiado que, con plena independencia y autonomía jerárquica y funcional, se encarga de velar por la defensa de la competencia frente a actos que la puedan alterar.

Por lo que se recomienda contar para esta revisión con el Tribunal de Defensa de la Competencia de Castilla y León y, antes de que la Consejería de Empleo e Industria aprueba nuevas bases reguladoras de los procedimientos de subvención, sería conveniente solicitar consulta previa, a través de los cauces establecidos en la normativa reguladora de este órgano.

Igea manifestó que el consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, se reunirá esta tarde con los agentes sociales para comunicarles las conclusiones de este informe, que recoge para la elaboración de las próximas bases reguladoras de este programa.

“No hay que buscar culpables, sino colaborar con la justicia”, sentenció en relación a sí se puede abrir algún expediente administrativo o bien a sí se trata de un caso de “clientelismo”, algo que él denunció de manera constante en la campaña electoral y se comprometió a corregir, para lo que recetó transparencia, como considera que hacen, y huir de la “opacidad”. «Lo que estaba mal es la norma», anotó.

Fuentes de la Consejería de Empleo precisaron a Ical, que las subvenciones a las que hace referencia el Informe de la Inspección General de Servicios son las de los Programas de Orientación, Formación e Inserción (OFI) y el de Formación Orientada a Desempleados (FOD).

En este sentido, el importe total concedido, de acuerdo con la resolución de convocatorias, ascendió a 22 millones para el OFI (11 millones cada ejercicio) y a 63 millones para el FOD (33 millones en 2018 y 30 en 2019).

En este sentido, del total de dichos importes, la cuantía concedida a los agentes económicos y sociales del Diálogo Social fue de 1,32 millones de euros en el OFI (1,13 millones en 2018 y 795.508 euros en 2019) y de 6,04 en el FOD (3,3 millones en 2018 y 2,74 en 2019).