«Miedo me da ver cómo se aplicará el Ingreso Mínimo», dice la directora general de Familia

«Miedo me da ver cómo se aplicará el Ingreso Mínimo», dice la directora general de Familia

Menos de la mitad de los perceptores de la renta autonómica se beneficiaría
01 junio, 2020
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Actualizado: 01 junio, 2020 13:47
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La directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad, Esperanza Vázquez, calculó hoy que menos de la mitad de los perceptores de la renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León se beneficiaría, de forma inmediata, del ingreso mínimo vital al incluir sólo a los que ahora reciben la prestación por tener un hijo a cargo. «Menos mal que la Comunidad cuenta con una renta garantizada porque, si no, parece que más de la mitad se iba a quedar sin prestación, al menos con carácter inmediato», sentenció. En este sentido, aseguró que el documento que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) incluye «muchas coletillas» que hablan de que se deberá desarrollar reglamentariamente, pese a que se trata de un decreto ley que, en teoría, es de aplicación inmediata. «Miedo me da ver cómo se va a aplicar el ingreso mínimo vital», espetó.

En su comparecencia en las Cortes en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación con familias vulnerables durante el estado de alarma, Vázquez consideró que Castilla y León se puede «congratular» por que el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones ha aprobado un ingreso mínimo vital que es muy similar a la renta garantizada de la Comunidad. «Demuestra que el Gobierno central tiene, una vez más, a Castilla y León como referente de los Servicios Sociales», añadió.

Algo que, a su juicio, puede estar relacionado con que el Ministerio ha solicitado hasta cinco informes a la Consejería para solicitar información sobre la normativa, los procedimientos, los requisitos, la actuación con los refugiado y la labor con los perceptores.  De esta manera, se mostró esperanzada en que esta situación permita trabajar «con mayor comodidad» con el objetivo de hacer compatibles el ingreso mínimo vital y la renta garantizada de ciudadanía. No en vano, recordó que la Junta apoya al Ministerio para que esta ayuda sea homogéneo e igual para todos los españoles. De esta manera, anunció que la renta garantizada de la Comunidad irá en «último lugar», subsidiariamente, para complementar a las personas y familias que no tengan derecho al ingreso mínimo vital. «De momento, son muchas, a expensas de lo que se desarrolle reglamentariamente», reiteró.

La directora general lamentó, según recogió la Agencia Ical, que el primer conocimiento escrito que ha tenido de los detalles del ingreso mínimo vital ha sido hoy cuando ha podido ver el documento publicado por el BOE. «Hasta ahora, se mantenido conversaciones verbales entre el ministro José Luis Escrivá y la consejera de Familia, Isabel Blanco, -en concreto, tres videoconferencias- pero se hablaba de era lo que pensaba o lo que se trabajaba. No se nos ha facilitado ningún borrador por escrito, por las posibles repercusiones que podía tener entre los perceptores de la renta garantizada de ciudadanía», apuntó.

Esperanza Vázquez también mostró su preocupación con el texto de la normativa del ingreso mínimo vital no haga referencia a la inclusión social y laboral, tal y como está recogido en la renta garantizada de Castilla y León. Eso motiva, por ejemplo, que los perceptores de esta prestación pueden perderla al rechazar una oferta de empleo o de formación. «De momento, se habla solo de que estará sujeto a los convenios con las comunidades autónomas, por lo que tampoco será inmediato», expuso. Y es que la directora general de Familias reconoció que estas ayudas son adecuadas para «solucionar» situaciones de pobreza extrema que pueden vivir las familias más vulnerables pero, en su opinión, deben existir mecanismos para ayudar a que estas personas se reinserten, tengan un trabajo y un empleo digno para que no tengan que depender, toda su vida, de un ingreso mínimo.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, María del Carmen García, se sorprendió con la crítica de la Junta sobre la falta de consenso entre el Gobierno central y las comunidades autónomas a la hora de aprobar el ingreso mínimo vital. «¿Cuándo ha habido consenso aquí en la renta garantizada u algo de servicios básicos den la Comunidad?», preguntó.

Además, se refirió a las 50.000 familias que podrían verse beneficiadas por el ingreso  mínimo vital, en palabras de la consejera Isabel Blanco. En este sentido, se interesó por las ayudas propias de la Junta para paliar sus necesidades. «Hasta ahora, tienen 17 millones de euros, derivados del Gobierno central, para hacer frente a la crisis del COVID-19 y otros 1,7 millones para becas de comedor pero nada se sabe del presupuesto del Ejecutivo autonómico», significó.

Por parte del Grupo Mixto, Laura Domínguez (Podemos), criticó la postura «beligerante» del Partido Popular con el ingreso mínimo vital. En concreto, se refirió a que el País Vasco y Navarra vayan a gestionar esta ayuda, porque, recordó, que la Constitución Española avala que las comunidades forales tienen un régimen fiscal y competencias «plenas» en determinadas cuestiones. «Hablan de desigualdades entre territorios pero no se enteran de lo que dice la Constitución», declaró.

Domínguez lamentó que el PP solo esté preocupado por tener la «patente» de la renta garantizada, pese a que es un asunto que trata de solucionar la vida de la gente, como dar de comer o pagar suministros básicos. «Me parece una vergüenza que quieran situar el debate en esa posición», añadió.

El portavoz del Grupo Popular, Miguel Ángel García Nieto, cargó contra el ingreso mínimo por su falta de «rigor jurídico» y por crear desigualdades y agravios comparativos entre comunidades, después de que el Ejecutivo central haya permitido que los Gobiernos del País Vasco y Navarra gestionen esta prestación.  «¿Por qué se discrimina a Castilla y León si somos los mejores en la gestión de la dependencia?», apuntó.  Por su parte, María Teresa Gago, de Ciudadanos, valoró el nuevo ingreso mínimo para evitar que «nadie se quede atrás», aunque también hizo referencia a que no pueden existir desigualdades territoriales.

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