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El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, admitió hoy como un “incumplimiento” propio que no se haya aprobado el proyecto de ley de Función Pública, lo que atribuyó a la organización de las pasadas elecciones autonómicas y a los incendios, al tener que reconocer por decreto la figura de bombero forestal, si bien se comprometió a presentar el nuevo texto legislativo en el primer año de legislatura. Sin embargo, la oposición criticó su “déjà vu” de promesas pendientes y “sombras” tras repetir en el cargo en este mandato.
En el debate posterior a la comparecencia de González Gago ante la Comisión de la Presidencia de las Cortes para exponer las actuaciones a desarrollar, el consejero reconoció que había coincidencia con el PSOE, al menos en los postulados, en materia de función pública, evaluación de las políticas y simplificación administrativa en las relaciones con las entidades locales, no así en materia de municipalismo, ya que recordó existía un acuerdo para desarrollar la ley de ordenación del territorio que no se completó.
Igualmente, el consejero explicó que la mejora de la financiación local exige modificar la ley de medidas que acompañará a los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, ya que prevé cuánto crece la participación en impuestos propios y el fondo de cooperación general. Además, advirtió a la UPL que la Diputación de León ha devuelto por falta de justificación en tres años 2,3 millones de euros.
Asimismo, negó que puedan quedar pendientes competencias “impropias” en manos de las entidades locales, que recordó aquellas que no están amparadas por ninguna norma, destacó que la Junta ha recibido un “gran número” de solicitudes de ayuntamientos y diputaciones para intervenir en ámbitos de actuación que no le corresponden.
Respecto a la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, el consejero aseguró que no tenían constancia de ninguna actuación de la fiscalía, ante la denuncia de varios partidos, y reiteró que lo abonado por los 12 conciertos celebrados incluye el caché de los artistas y la organización de la actuación, que precisó ronda el 50 por ciento.
Anuncios frente a resultados
La socialista Esther Pérez censuró la intervención del consejero ya que consideró planteó las “mismas promesas” pendientes, como la ley de Función Pública que recordó se comprometió en 2019, la modernización de la administración, el apoyo a los municipios o la ley de Concordia. “Castilla y León ya no necesita más anuncios. Lo que necesita son resultados”, dijo.
En su opinión sigue pendiente al “gran reforma” de la administración y preguntó si se establecerá un sistema de evaluación de políticas y rendición de cuentas. “La confianza se gana cuando los objetivos se cumplen, dijo. También apuntó a la necesidad de afrontar el relevo del personal.
Además, añadió que el municipalismo no se demuestra con “discursos”, ya que señaló los pueblos siguen denunciando falta de financiación, exceso de burocracia y falta de asistencia técnica. A su juicio se debe pasar de una Junta que “administra expedientes” a un gobierno que genere oportunidades, porque señaló Castilla y León no necesita un “gobierno en modo borrador”.
También planteó cinco “grandes” propuestas como son una estrategia de evaluación de políticas públicas y rendición de cuentas, el impulso de un pacto por el municipalismo, con financiación “suficiente y estable”, una “verdadera” estrategia de Función Pública con horizonte hasta 2035, un plan integral de simplificación administrativa y el compromiso de comparecer ante las Cortes de forma periódica.
Más sombras que luces
El viceportavoz del Grupo Mixto, el ‘leonesista’ Luis Mariano Santos aseguró que a González Gago se le puede exigir “algo más que buena voluntad”, tras ver “muchas sobras y alguna luz” en su intervención. “El papel es verdad que lo aguanta todo”, dijo.
Más allá de la mejora de la financiación local, pidió eliminar los convenios bilaterales que a su juicio sirven para la “compra” de “alcaldes y voluntades”. De la misma forma demandó agilizar los procesos de personal ante el “retraso” en las convocatorias o la “excesiva” temporalidad.
También preguntó “para qué sirve” la Federación de Municipios y Provincias y frente al Plan de la Raya pidió el impulso de los ayuntamientos de Zamora y Portugal y la mejora de la conexión con Portugal
Además, consideró una cuestión “puramente ideológica” la ley de Concordia ya que insistió no es “necesaria” y no aporta “absolutamente nada”. También criticó la “generalización” en relación a la regularización de inmigrantes y valoró que haya rectificado la política sobre patrocinios que dejó fuera a clubs como los de atletismo.
Respaldo y exigencia
La procuradora de Vox Susana Suárez avanzó una colaboración “leal” a la Junta, pero también “exigencia” sobre los compromisos del acuerdo de gobierno para que se conviertan en “hechos concretos” con el objetivo de que haya menos burocracia, más apoyo al mundo rural y una administración con menos burocracia.
De esta forma, valoró la eliminación de la cita previa, defendió que se prioricen los “limitados” recursos hacia los españoles, que se apoye a las víctimas del terrorismo y valoró que haya una nueva ley de Concordia.
Finalmente, el ‘popular’ José Luis Sanz Merino respaldó el programa expuesto por el consejero por su “ambición”, “determinación” y “lealtad” con la Comunidad, ya que consideró había dado respuesta a las necesidades presentes y futuras con una hoja de ruta “abrumadora” de 108 medidas, cuatro leyes, ocho reglamentos y cuatro planes o estrategias. Además, destacó iniciativas como el 012 Retorno o las referidas a la función pública y el personal laboral.
