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La Junta de Castilla y León respalda la ausencia este jueves del vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que abordó el reparto de 35 millones de euros para la acogida de menores migrantes no acompañados, de los que 740.629 euros corresponden a la Comunidad.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo de coalición de PP y Vox y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo confirmó que el vicepresidente primero cuenta en este caso con el apoyo del Gobierno autonómico al no asistir a esta Conferencia Sectorial, a la que tampoco acudieron los representantes de Aragón y Extremadura.
Precisamente, el pasado 1 de julio, Pollán, junto a sus homólogos de Aragón y Extremadura, Alejandro Nolasco y Óscar Fernández, no asistieron a la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia para mostrar su rechazo a la «imposición” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del número de menores extranjeros no acompañados (menas) que tendrían que acoger sus comunidades.
En concreto, este jueves la Conferencia Sectorial, convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia, abordó la creación de un registro unificado de datos para hacer frente a las violencias contra la infancia, el reparto de los 35 millones a las comunidades y ciudades autónomas para atender a la infancia migrante no acompañada y el proyecto ‘Barnahus’, que atiende a niños víctimas de violencias sexuales.
Por su parte, el portavoz de la Junta y dirigente del Partido Popular aclaró que la acogida de estos menores migrantes “no es una cuestión de dinero” o de determinar con qué cantidad aceptan la llegada de más personas, sino de la disponibilidad de plazas en la Comunidad, donde en estos momentos atienden a 190 menas, de los que 185 tienen entre 14 y 17 años.
La posición “clara” de la Junta, según Fernández Carriedo, es ofrecer los “mejores servicios” en función de las “plazas disponibles” para atender a los menores, por lo que criticó que el Gobierno haya incrementado de forma “unilateral” el “cupo” pese a que autonomías como Castilla y León no tienen esos “recursos” para este fin. A su juicio, sería “bueno” llegar a un “acuerdo” sobre cuántas personas deben atender más allá del “dinero”.
Finalmente, el portavoz aseguró que las plazas que puedan quedar libres en la Comunidad están «disponibles» para el «sistema de acogida», pero precisó que la “idea” es no aumentar su número para no “poner en riesgo la calidad del servicio”. “Es la filosofía que mantenemos”, dijo, ya que insistió en que en esta materia “merece la pena” que los menores que lleguen a Castilla y León reciban el “mejor tratamiento posible”.