El Banco de España exige una decisión sobre la protección a los inversores en bitcoin

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  • El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, ha exigido a las autoridades adoptar una decisión definida ante la protección a los inversores en bitcoin, dado el interés del inversor minorista y ante los riesgos que supone, entre otras razones por su gran volatilidad.

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    Alonso ha hecho esta consideración en la clausura del taller “La Revolución Fintech”, organizado por Garrigues y por el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) y la Fundación de Estudios Financieros (FEF), en el que se han analizado los efectos del desarrollo tecnológico en la prestación de servicios financieros.

    Como reguladores y supervisores, “nuestra preocupación principal” son las potenciales repercusiones de la inversión en estos activos para la estabilidad financiera, “sin olvidar las ramificaciones que puedan tener sobre la protección de la clientela, la protección de datos, la integridad del mercado, la evasión fiscal o la elusión de controles sobre el blanqueo”, ha dicho.

    Se trata, en definitiva, de ser capaces de adoptar “salvaguardas adecuadas” sin perder la flexibilidad necesaria para aprovechar los potenciales beneficios que pudieran reportar las tecnologías subyacentes, especialmente los registros distribuidos.

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    La inversión en bitcoins alcanza el 1% del PIB mundial

    Aunque ha reconocido que el peso relativo de la inversión en criptoactivos es aún escaso (apenas el 1% del producto Interior bruto mundial), la volatilidad y las fuertes pérdidas que se han registrado recientemente a consecuencia de fallos operativos y de otras amenazas cibernéticas, “dibuja un panorama ante el que resulta apremiante que las autoridades tomemos postura”.

    “Y no sólo en términos de mejorar nuestro nivel de información y conocimiento sino, especialmente, en lo que se refiere a emprender posibles actuaciones de política pública”, ha explicado. Desde la aparición del bitcoin en el año 2009, el número de criptoactivos ha aumentado hasta sobrepasar las 1.500 iniciativas, recuerda Alonso, que añade que su valor de mercado se ha multiplicado por cinco en este último año.

    Ambas circunstancias y la amplitud de las modalidades de su comercialización -directamente, a través de contratos por diferencias o por medio de otros productos estructurados como contratos con futuros o “swaps”- favorecen una mayor diversidad de usos y hace que las economías de todo el mundo “estén cada vez más expuestas a sus riesgos”.

    En cuanto a la irrupción de los nuevos intermediarios que ofrecen servicios financieros, Alonso cree que “ofrecerán la posibilidad de mejorar la calidad de los servicios prestados, aumentar la eficiencia en muchos de los procesos actualmente empleados por las entidades tradicionales y reducir costes”.

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    Pero también es probable que estos cambios hagan conveniente una revisión “del cuerpo normativo”, para determinar si hay que hacer reformas en aspectos tan esenciales como los requisitos de información que los nuevos participantes deban suministrar a las autoridades o la intensidad supervisora en aspectos relacionados con la seguridad, la protección de datos o la protección al consumidor.

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