El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) he elevado la cuantía que deberá pagar Perú a Enagás hasta los 302 millones de dólares (unos 262 millones de euros) en el procedimiento arbitral relativo a su inversión en el Gasoducto del Sur Peruano (GPS).
El Ciadi ha vuelto a dar la razón a Enagás y rectifica el laudo del 20 de diciembre de 2024, cuando ya había condenado a dicho país a pagar a la compañía 194 millones de dólares (unos 170,7 millones de euros), según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La empresa señala que tras la notificación del laudo de 20 de diciembre de 2024, ha optimizado su caja en Perú manteniendo a la fecha depósitos en entidades financieras en el país por un importe de 65 millones de dólares, importe éste equivalente a la carta fianza otorgada a favor de las autoridades peruanas en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº30737 y su Reglamento.
El organismo ha tomado esta decisión tras la solicitud de rectificación presentada por Enagás. Tras la decisión del Ciadi, el importe total que Perú deberá pagar a la compañía asciende así a aproximadamente 302 millones de dólares, teniendo en cuenta principal, intereses y costas.
Enagás incluirá el impacto económico de la decisión del Ciadi en las cuentas del primer semestre
El impacto contable de esta decisión se incluirá en las cuentas del primer semestre de 2025 una vez que haya realizado un análisis detallado de la misma.
En la resolución de diciembre, el Ciadi estimó que la República de Perú incumplió sus obligaciones bajo los artículos Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI).
Asimismo, en relación a la restricción para repatriar los dividendos de TGP, el organismo consideró que la inclusión de Enagás internacional la categoría 2 de la Ley 30737, que impide a la Sociedad la repatriación de los dividendos de su participada Transportadora de Gas del Perú («TGP»), constituye una violación de dichos acuerdos recíprocos.
Enagás ha reiterado a las autoridades peruanas su disposición para alcanzar en cualquier momento un acuerdo amistoso que permita la ejecución del laudo de la manera más conveniente para ambas partes.
La compañía mantiene su compromiso con su política de dividendo y su plan de inversiones previsto, que incluye las infraestructuras de hidrógeno renovable contempladas en la lista definitiva de PCI de la Unión Europea, claves para el proyecto europeo de descarbonización, de seguridad de suministro a largo plazo y de autonomía estratégica, según señala en la misma nota.
