El Tribunal de Distrito de Columbia en Estados Unidos ha emitido una resolución que permite localizar activos españoles susceptibles de embargo por una deuda de 41,1 millones de euros de España por la reversión retroactiva de incentivos a las energías renovables por la que fue condenada. Esos incentivos con una rentabilidad del 7%, por los que los conocidos ‘fondos buitre’ se lanzaron por ellos, aunque también muchos pequeños inversores españoles, los aprobó Zapatero en 2011 y los tuvo que suspender en 2012 Rajoy porque eran insostenibles y estuvieron a punto de quebrar el sistema eléctrico por su alto déficit.
Según han explicado fuentes próximas al laudo y a esta nueva actuación, el escrito permite iniciar procedimientos de ejecución forzosa y registrar activos en otros distritos federales estadounidenses por la condena a España a pagar 41,1 millones de euros a la estadounidense InfraRed.
No obstante, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) sostienen que España tiene pendiente un recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos que, de prosperar, significaría que los laudos «no quedarán ni reconocidos ni ejecutados en EE.UU.», aunque esa posibilidad, según fuentes jurídicas, es mínima.
El juez federal John D. Bates rechaza la petición de España en este tribunal para suspender las medidas de ejecución y embargo de bienes
Firmada el 12 de mayo por el juez federal John D. Bates, el escrito rechaza la petición de España en este tribunal para suspender las medidas de ejecución y considera que mantener paralizado el cobro «pondría en peligro» las posibilidades de recuperación de los acreedores.
La corte también permite registrar la sentencia en otros tribunales federales fuera de Washington DC, al considerar acreditado que España podría tener activos en distintas jurisdicciones estadounidenses.
Asimismo, el tribunal confirma que podrán continuar las labores de descubrimiento de activos y obtención de información financiera sobre propiedades españolas en Estados Unidos.
Según estas fuentes, entre las actuaciones ya iniciadas figuran requerimientos dirigidos a bancos, despachos de abogados y empresas relacionadas con la selección española de fútbol y el Mundial de 2026.
En el escrito, el juez recalca que España no ha dado «pasos efectivos» para pagar el laudo y señala que, aunque el Gobierno argumenta que la normativa comunitaria dificulta dichos pagos, no ha acreditado haber solicitado autorización a la Comisión Europea ni haber activado otros mecanismos.
41,1 millones de euros
La sentencia de 41,1 millones de euros supera en seis millones la cifra originalmente reconocida en 2019, como resultado de la imposición de «sobrecostes financieros y legales adicionales».
El caso se remonta a 2014, cuando la compañía afectada reclamó a España más de 75,7 millones de euros por el recorte de las primas de las energías renovables, en un procedimiento dirimido ante el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial.
Los demandantes explicaron que habían invertido más de 30 millones en diversas plantas solares ubicadas en Andalucía y Extremadura, para luego sufrir «la reversión retroactiva de las primas ofrecidas a las energías», lo que motivó el procedimiento de arbitraje.
Después, según las mismas fuentes, la Abogacía española del Estado solicitó la revisión del laudo del CIADI y también intentó su anulación, aunque la decisión quedó confirmada de manera definitiva en junio de 2022.
El litigio obedecía a las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil.
Los acreedores finalmente optaron por registrar el laudo ante la justicia de Estados Unidos, que falló a su favor el 24 de noviembre de 2025.
