El Tribunal Supremo ha denegado a los antiguos dueños de Talgo, que han denunciado el veto del Gobierno a la opa lanzada por el grupo húngaro Ganz Magyar, acceso a los documentos considerados reservados que conciernen a la operación, si bien accede a que consulten el expediente.
En un auto fechado el pasado 26 de marzo al que ha tenido acceso Efe, la sala de lo contencioso ratifica lo expuesto en otro documento del 10 de febrero, y reitera que el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de igualdad de armas entre las partes «se menoscabarían de impedírsele el acceso a unos documentos del expediente administrativo en los mismos términos y condiciones que las otras partes procesales».
En agosto de 2024, el Gobierno vetó la entrada del grupo húngaro Ganz Mavag (Magyar Vagon) en Talgo, sobre el que había lanzado una opa para controlar el 100 % de su capital por 620 millones de euros, porque considera que hay intereses estratégicos y razones de seguridad nacional «insalvables».
La operación contó desde el principio con la oposición frontal del Gobierno, que no veía con buenos ojos las estrechas relaciones entre algunos de los máximos ejecutivos ligados a Ganz Magyar y el ejecutivo del primer ministro húngaro, el nacionalista Viktor Orbán.
Sánchez vetó la opa de Ganz Magyar sobre Talgo y facilitó la toma de control por parte del gobierno vasco, incluido el apoyo financiero de la Sepi
Posteriormente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez facilitó la entrada del gobierno vasco en el fabricante de trenes a cambio de que el PNV el apoyase con sus cinco diputados de 350 en el Congreso de lis Diputados y agachase la cabeza en los casos de corrupción que afectan al líder socialista tanto en el ámbto familiar como político. Así el ejecutivo de Imanol Pradales (PNV-PSOE), a través de BBK, Vital y Finkatuz, se hizo con el 27,4 % de las acciones que tenía la sociedad instrumental Pegaso (el fondo Trilantic y parte de los Oriol, la familia fundadora del fabricante de trenes). El escaparate industrial de esta operación política-empresarial, que para llevarse a cabo necesitó del apoyo financiero de la Sepi, lo pone José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, que con poco más del 7%, el otro 20% es del gobierno vasco, preside ahora Talgo.
Pegaso presentó en el Supremo un recurso contra el veto del consejo de ministros, y en febrero de este año pidió acceso a todo el expediente para poder elaborar un informe pericial.
El Supremo explica que en la demanda de Pegaso se mencionan algunos documentos cuyo acceso quedó limitado, «lo que conduce a atribuir carácter reservado a la demanda, en lo que está conforme el Abogado del Estado», aunque ello no implica que las partes no tengan acceso íntegro a la demanda y a los documentos que la acompañan.
Sin perjuicio de que el dictamen pericial pueda ser elaborado con los datos que obren en poder de la parte demandante, aclara el Supremo, dicha prueba pericial todavía no ha sido admitida, por lo que deniega el acceso al expediente que contiene «documentos reservados».
