Casi 40.000 funcionarios trabajan para la ONU en todo el mundo, y de esos, casi 35.000 para la Secretaría General, a parte de todos los políticos que se colocan a base de inyectar sus países dinero en la organización. Pese a ese maquinaria burocrática, sus resultados son muy pobres y sus informes y análisis dejan mucho que desear, por su escaso rigor, como ha sucedido hoy con el que hace referencia a las empresas que trabajan en la zona de la ‘Cisjordania ocupada’. Y el daño que se hace en la reputación de las empresas y las personas es muy grave.
Este es el caso de ACS. El grupo español ha dejado claro que «ante la publicación en el día de hoy por parte de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos de una lista de empresas que actualmente operan en asentamientos israelíes, ACS desea aclarar lo siguiente: La empresa SEMI, mencionada en dicha publicación, fue vendida en 2021 y, por tanto, no forma parte del Grupo ACS».
Asimismo, ACS informa de que «no desarrolla ninguna actividad ni en Israel ni en los asentamientos israelíes. Por tanto, la inclusión de ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. en la lista de empresas que actualmente operan en asentamientos israelíes en el referido Informe de la ONU es incorrecta»
ACS ha solicitado formalmente a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos que la empresa sea eliminada de forma inmediata de la lista referida y de cualquier publicación relacionada.
