La plataforma Afectados por las Petroleras, que agrupa a 120 estaciones de servicio, ha presentado una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid para reclamar daños y perjuicios a Repsol, Moeve (anteriormente conocida como Cepsa) y BP, acusándolas de fijar los precios de los carburantes.
Fuentes consultadas han indicado que la demanda fue presentada la semana pasada, y se acompaña de más de 50.000 documentos de información. Esta acción se suma a las demandas previas interpuestas por transportistas por la misma práctica de fijación de precios.
El paso se da tras una sentencia del Tribunal Supremo de principios de noviembre que, según la plataforma, abre la puerta a que las estaciones de servicio puedan reclamar compensaciones por estas prácticas anticompetitivas. En particular, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó una sentencia el 6 de noviembre en la que declaró la nulidad de los contratos históricos de suministro exclusivo entre Repsol y Cepsa con sus estaciones de servicio, por considerarlos contrarios a las normas de Competencia.
La sentencia determinó que las petroleras incurrieron en una práctica ilegal de fijación de precios de venta al público a las estaciones de servicio vinculadas a través de contratos de comisión.
Las petroleras como Repsol defienden que han adaptado sus contratos con el tiempo
En esta nueva demanda, se solicita la nulidad de los contratos y se calcula el impacto económico de estas prácticas anticompetitivas en las 120 estaciones de servicio que, hasta ahora, forman parte de la plataforma. El equipo de peritos especializados ha estimado que la infracción podría haber causado un daño económico de 600 millones de euros a las tres petroleras.
Actualmente, las estaciones de servicio que se han adherido a la plataforma representan un pequeño porcentaje, alrededor del 5% del total de estaciones afectadas. Por ello, la plataforma sigue recibiendo solicitudes de adhesión para los próximos meses.
Cabe destacar que, en su sentencia de noviembre, el Tribunal Supremo ha modificado su doctrina, estableciendo que en los litigios relacionados con Derecho de la Competencia, la carga de la prueba recae ahora sobre las petroleras, quienes deberán demostrar que no han incurrido en prácticas anticompetitivas.
Por su parte, las petroleras defienden que han adaptado sus contratos con el tiempo, lo que, según ellas, excluye de cualquier reclamación los contratos de compra en firme referenciados al índice Platts y los contratos de comisión pura, donde las gasolineras no asumen riesgos.
La disputa legal entre las partes se ha visto marcada por sentencias contradictorias, y las petroleras consideran que la nueva demanda no tendrá impacto. La reclamación se reparte en un 80% para las estaciones de servicio y un 20% para el fondo King Street, que financia esta acción legal.
