El Ministerio para la Transformación Digital, dirigido por el candidato del PSOE de Sánchez a la Comunidad de Madrid, Óscar López, ha dejado en suspenso la tramitación del Lote 3 del contrato de ciberseguridad del Estado como consecuencia de la «pérdida sobrevenida de la cobertura presupuestaria del expediente», según consta en un acta del pasado 27 de mayo.
La decisión de la Mesa de Contratación de los Servicios Consolidados de Telecomunicaciones llega justo después de que este órgano ejecutara una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que estimó el recurso de Telefónica contra su exclusión del Lote 3 de ciberseguridad del Estado.
Ahora, los miembros de la Mesa «advierten y dejan constancia de la pérdida sobrevenida de la cobertura presupuestaria del expediente, motivada por la anulación de los documentos contables de retención de crédito por parte de los organismos cofinanciadores IMSERSO, INGESA y DGRCC durante la pendencia del recurso especial».
Las siglas de los cofinanciadores corresponden al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC).
Principio de legalidad presupuestaria
Por todo ello, en aras a salvaguardar el principio de legalidad presupuestaria y en «estricta observancia» de los principios de eficacia, economía procedimental y buena administración, la Mesa de adjudicación de ciberseguridad del Estado ha acordado, por unanimidad, dejar en suspenso la tramitación del procedimiento.
En consecuencia, concluye el acta, la continuidad de la actividad queda paralizada y no se practicará actuación adicional alguna hasta que no conste en el expediente que los créditos correspondientes a las citadas entidades han quedado nuevamente retenidos y autorizados.
Una tramitación convulsa del contrato de ciberseguridad
Antes de suspender el procedimiento, la Mesa había tomado en consideración la resolución dictada el pasado 30 de abril por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que ordenó dar marcha atrás a la exclusión de Telefónica como adjudicataria definitiva del Lote 3.
El organismo estimó entonces las pretensiones de la multinacional española, que recurrió el hecho de que Transformación Digital declarase desierta la adjudicación apartando a Telefónica por no acreditar presuntamente que cumplía con ciertos requisitos establecidos por la normativa.
El departamento consideraba que la unión temporal de empresas (UTE) formada por Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones y Telefónica de España no habría probado las condiciones para poder contratar previstas en el artículo 71.1 letra d), de la Ley de Contratos del Sector Público.
Dicho artículo establece la prohibición de contratar, por ejemplo, con empresas de 50 o más trabajadores que no cumplan con la obligación de contar con un plan de igualdad efectiva entre mujeres y hombres debidamente inscrito en el registro laboral correspondiente.
Por este motivo ya quedó excluida la UTE formada por Orange, la tecnológica TRC y la firma de ciberseguridad Mnemo.
Aquella UTE consiguió inicialmente este contrato; sin embargo, el acuerdo quedó anulado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales a raíz de un recurso planteado por Telefónica.
