El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha trasladado una propuesta de sanción de 3,6 millones de euros contra Alquiler Seguro por vulnerar los derechos de los consumidores, un expediente generado tras las denuncias de organizaciones de consumidores como el Sindicato de Inquilinas.
Según ha indicado este lunes el ministro del ramo Pablo Bustinduy, que no ha querido opinar sobre este procedimiento en curso, ha indicado que, aunque su Ministerio tiene recursos limitados, van a ponerlos todos para asegurar que ninguna empresa, como Alquiler Seguro, esté por encima de la ley en el mercado de la vivienda, donde ha asegurado que en los últimos años se ha impuesto la «ley de la selva».
En una entrevista en TVE, ha subrayado que los inquilinos están en una situación de indefensión, buscar un piso se ha convertido en una competición, se producen abusos y se «violenta» el derecho constitucional a una vivienda digna.
Por tanto, todos los recursos del Ministerio van a estar puestos a disposición de asegurar que ninguna empresa, como Alquiler Seguro, esté por encima de la ley y que los derechos de inquilinos e inquilinas se respeten, ha apuntado.
Bustinduy defiende la idea de actuar decididamente contra empresas como Alquiler Seguro, que, según su Ministerio, vulnera los derechos de los consumidores
Bustinduy ha defendido la medida de congelar los precios del alquiler y la prórroga por tres años de todos los contratos de existentes, ya que en los próximos meses hay 300.000 contratos que van a llegar a su fin e implica que hay muchas familias que viven con la angustia de que cuando vayan a renegociar el alquiler se lo puedan subir un 30 % o un 40 %.
Por ello, ha abogado por una prórroga por tres años de todos los contratos existentes y una congelación de las rentas de alquiler, tanto para la renovaciones como para los nuevos contratos, para neutralizar la espiral alcista de los precios en un contexto en el que los rentistas «se están forrando».
También ha defendido otras medidas que van contra la acaparación y acumulación de viviendas con medidas fiscales «muy gravosas» a partir de quien posee cuatro casas o más y también la prohibición de la compra especulativa de una vivienda en una zona tensionada.
El Ministerio de Consumo tiene varios expedientes y varias investigaciones contra plataformas de pisos turísticos que han forzado a Airbnb a retirar 65.000 anuncios. Después de estas decisiones Booking ha Decidido retirar también 4.000 pisos.
También tienen investigaciones a empresas gestoras de pisos turísticos y a inmobiliarias por, presuntamente, violentar los derechos de los inquilinos.
