El gasto de las empresas por bajas laborales se ha duplicado en cinco años, según Fedea
El gasto en prestaciones de incapacidad temporal por enfermedad común y contingencias profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional), también conocido como bajas laborales, se ha duplicado prácticamente en los últimos cinco años, según un análisis de Fedea, que plantea ajustes en estas prestaciones para garantizar la sostenibilidad del sistema.
De acuerdo con un trabajo difundido este lunes y realizado por el exsecretario de Estado de Seguridad Social Octavio Granado, el gasto en estas prestaciones ha pasado de 7.485 millones en 2018 a 14.005 millones en 2023, un alza del 87 %, con una mayor subida en el caso de las bajas por enfermedad común.
La incapacidad temporal, añade el informe, ha aumentado su coste en una cantidad similar a la diferencia que se produce cada año entre las pensiones contributivas y las cotizaciones sociales.
«Un coste que crece aceleradamente, y que puede afectar a la sostenibilidad del sistema», advierte. «Estamos en una situación en la que el uso de la prestación se entremezcla con una evolución de indicadores de gasto que hace presumible un abuso creciente», concluye.
Fedea propone cambiar la configuración de las bajas laborales por incapacidad
Y ante esto, el trabajo firmado por Granado plantea varias medidas para, advierte, que «las prestaciones complementarias no tengan indicadores de crecimiento más altos que las propias pensiones y los salarios«.
Entre ellas, propone cambiar la configuración de la prestación por incapacidad temporal para que, si no existe una enfermedad crónica, la multiplicación de situaciones de baja suponga «una disminución de la cantidad percibida».
Asimismo, plantea que en alguna situaciones y momentos concretos la baja no implique el cese de toda jornada laboral a una parcial y primar el derecho a la recolocación, «siendo la salida del mercado de trabajo la última solución a aplicar».
En al ámbito de la negociación colectiva pide imponer recargos a la cotización a la Seguridad Social para los empleadores que incluyan en convenio el compromiso de complementar hasta el 100 % las remuneraciones de los empleados en situación de incapacidad temporal por enfermedad común.
«Debemos conseguir por tanto aplicar medidas que alcancen un consenso social implícito, y explicarlas a una sociedad reticente pero que desea una Seguridad Social funcionando adecuadamente», concluye el informe firmado por el fue dos veces secretario de Estado de la Seguridad Social con Gobiernos del PSOE.