El sindicato UGT ha pedido a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocido como el banco malo porque en él se aglutinaron todos los activos tóxicos de la banca y que Sánchez quiere convertir ahora en promotor de vivienda pública, que reconsidere su rechazo a la propuesta de convenio formulada por Urbas dentro del procedimiento concursal que actualmente tramita el juzgado mercantil número 2 de Madrid.
En una carta remitida al denominado «banco malo» a la que ha tenido este jueves acceso EFE, y ante «las informaciones conocidas sobre el posicionamiento contrario de Sareb a la propuesta de convenio», UGT señala que en todo procedimiento concursal debe procurarse, «siempre que exista una alternativa razonable de continuidad», la preservación de la actividad empresarial, el mantenimiento del empleo y la maximización de la recuperación de los acreedores.
Los trabajadores denuncias que el rechazo de la Sareb al convenio de acreedores de Urbas pone contra las cuerdas a 700 trabajadores
El sindicato destaca que en el presente caso esto resulta especialmente relevante cuando se trata de una compañía que, directa e indirectamente, sostiene más de 700 puestos de trabajo, además de una red de proveedores, colaboradores, subcontratas y actividad económica asociada.
El sindicato defiende que la propuesta de convenio presentada por Urbas merece analizarse desde una perspectiva «no meramente liquidatoria, sino también social, económica e institucional».
El proceso no afecta a «una compañía sin actividad o carente de activos, sino ante un grupo empresarial con patrimonio inmobiliario, proyectos en curso, líneas de promoción de vivienda protegida y asequible, posibilidades de desinversión ordenada y alternativas de financiación que permitirían preservar valor y empleo».
Concurso de acreedores
La compañía presentó la comunicación de inicio de negociaciones con sus acreedores el 5 de mayo de 2025 y en julio formalizó un plan de reestructuración sin quitas que obtuvo un respaldo mayoritario de sus acreedores, alcanzando casi un 77 % de la deuda nominal, habiéndose adherido 53 acreedores.
Pero dicho plan no salió debido a la oposición del fondo luxemburgués Roundshield.
En una reciente carta a sus acreedores, el presidente de Urbas, Juan Antonio Acedo, defendió el plan de viabilidad y destacó «determinadas circunstancias relacionadas con la administración concursal, entre otras, su relación con un acreedor contingente del proceso (Roundshield)».
En paralelo, el juzgado de instrucción núumero 41 de Madrid investiga una querella contra el fondo luxemburgués y sociedades anejas a las que Urbas acusa de estafa procesal tras haber valorado en cero euros unos activos que sirvieron previamente como garantía de un préstamo.
