Mazón reclama al Gobierno 31.402 millones para ‘reconstruir’ Valencia tras la dana

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha reclamado este lunes al Gobierno un primer paquete de ayudas de 31.402 millones de euros para aplicar 136 medidas de un plan de recuperación destinado a reconstruir, relanzar y paliar los efectos de la dana en la provincia de Valencia, que afecta a 69 municipios y, al menos, a 200.000 personas.

Así lo ha señalado en una comparecencia institucional en el Palau de la Generalitat tras la reunión extraordinaria del pleno del Consell que se ha celebrado este lunes por la tarde, después de que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, haya reclamado la declaración de emergencia nacional, cuestión a la que no se ha referido. 

Mazón pide a Sánchez que complete con 15.000 euros la ayuda de la Generalitat a cada afectado que haya perdido su casa por la dana

Entre las ayudas que solicita al Gobierno, pide que se complete con 15.000 euros la ayuda de 6.000 euros que la Generalitat va a dar a cada afectado que haya perdido su casa por la dana para su reconstrucción o rehabilitación, y 1.464 millones para ayudar a la compra de vehículos y completar las prestaciones del Consorcio de seguros.

Solicita también el pago de las prestaciones por dependencia y renta valenciana de inclusión para ayudar a los más vulnerables, así como de una paga extra doble para los más afectados, con un total de 65 millones de euros, y una línea de ayudas para la reconstrucción inmediata de las infraestructuras públicas de 2.687 millones de euros.

Mazón ha pedido asimismo una ayuda para la reconstrucción de las áreas industriales y polígonos de 7.000 millones de euros, y que se ejecuten todas las obras de adecuación de los cauces para evitar, prevenir y anticipar posibles riadas futuras, por importe de 2.200 millones de euros.

La totalidad de las medidas se van a remitir ahora al Gobierno, ha explicado Mazón, quien ha indicado que su implementación es «imperativa» para paliar daños materiales, prevenir futuras catástrofes y garantizar la seguridad de una población en una zona «recurrentemente vulnerable a este tipo de eventos».