«La política energética es responsabilidad del Gobierno. La política fiscal también. La energía nuclear ha soportado en los últimos cinco años un incremento de la presión fiscal asfixiante. La carga tributaria específica soportada por el parque nuclear se ha incrementado en ese periodo un 70%, pasando de 16 €/MWh a 28 €/MWh, discriminando la generación nuclear frente a otras tecnologías y haciendo insostenible su viabilidad económica. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, niega estas acusaciones, y el grave daño que supone para las zonas afectadas por el cierre de las centrales nucleares, como la de Alamarz, no tiene ningún reparo en culpar a las empresas.
«Como hemos denunciado en numerosas ocasiones», recalcan desde Foro Nueclear, «varios de estos tributos son redundantes, con objetos y bases imponibles duplicados y en su mayoría no atienden a su finalidad», señalan desde Foro Nuclear, la patrona del sector que agrupa a las principales eléctricas española como Iberdrdrola, Endesa, Naturgy o EDP.
Pues para la ministra de para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, sucesora de Teresa Ribera, declarada antinuclear hasta que Francia no dio su brazo a torcer para que fuera vicepresidenta de la CE, «el Gobierno no sube la fiscalidad, planifica para asegurar el suministro de energía a todos los ciudadanos de forma acorde con el plan de cierre», ha insistido la también vicepresidenta tercera durante su intervención en la comisión del Senado, que tras la oleadas de protestas y críticas de la población por el cierre de Almaraz se ve en un callejón sin salida e insiste en su relato de que el cierre de las centrales nucleares es cosa de las empresas.
Sara Aagesen, sucesora de Teresa Ribera, declarada antinuclear hasta que Francia no dio su brazo a torcer para que fuera vicepresidenta de la CE, culpa del cierre de centrales nucleares en España a las eléctricas
Las empresa, sin embargo, defienden que «la presión fiscal que soporta la nuclear supone una losa para la competitividad de la generación nuclear en España y, por tanto, para su continuidad. El constante incremento tributario, que en la práctica supera el resto de costes operativos juntos, es la mayor incertidumbre que afronta el sector y la principal razón que impide la continuidad de las plantas. Ningún otro país con centrales nucleares, de nuestro entorno europeo, soporta estas desproporcionadas cargas fiscales».
Aagesen, y como viene manteniendo últimamente, ha explicado a los senadores este jueves que el calendario de cierre nuclear es el que «han pactado las empresas propietarias de las centrales, donde Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) facilitó las negociaciones».
Del mismo modo, ha negado, en contra de lo que denuncian las empresas, que España tenga que cerrar las nucleares «por los impuestos», y se ha referido, en concreto, a la tasa Enresa, que tienen que pagar los propietarios de las centrales por el tratamiento de los residuos.
«Si me dice que los 20.000 millones de euros de la gestión de residuos los tienen que pagar los españoles, díganlo», ha espetado la ministra, que ha querido matizar que esta prestación «sigue el principio del resto de colegas europeos: quien contamina, paga».
Sobre el impacto de estas clausuras en los respectivos territorios, la ministra ha recalcado que «siempre» han estado «del lado de las zonas afectadas» porque trabajan «con anticipación en una transición justa».
El cierre de Almaraz, un duro golpe para el empleo y la riqueza en Extremadura
La industria y los políticos de la zona afectada de distinta índole piensan todo lo contrario. Foro Nuclear afirma que «el cierre de la central de Almaraz tendría un impacto negativo muy importante y directo en la economía y en el empleo de la comarca del Campo Arañuelo y, por ende, en toda Extremadura. Asimismo, afectaría negativamente al conjunto del sector energético en España, reduciendo los márgenes de cobertura de demanda, empeorando la estabilidad de la red, incrementando la factura eléctrica de ciudadanos y empresas, y las emisiones de CO2«.
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha trasladado, en una carta remitida al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la necesidad de que la central nuclear de Almaraz continúe funcionando para lo que le plantea que se el propio Estado quien opere directamente el recurso. Se salvarían así 3.000 empleos, el desarrollo industrial y el progreso de Extremadura, así como el mantenimiento del tejido empresarial y el bienestar de las familias españolas, defiende Guardiola.
Para Guardiola, es «evidente» que el aumento de impuestos a la producción de energía eléctrica hace «muy difícil» la rentabilidad a las empresas que operan las centrales. «Si el Gobierno de España no reconsidera una bajada de impuestos a las empresas que producen una energía limpia y necesaria para la transición ecológica, el propio Ejecutivo debe plantearse el hacerse cargo de ese parque nuclear, evitando dejarlo al albur de decisiones empresariales que están motivadas por una política fiscal que no deja otra salida a las operadoras», reclama.
España, de los pocos países europeos que no se ha replanteado su política nuclear, «ni lo hará», según Aagesen
Desde la patronal del sector añaden que «en el contexto actual geopolítico mundial y especialmente en Europa (donde la energía nuclear ha sido reconocida en la taxonomía verde), la práctica totalidad de los países industrializados (ejemplo: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Suecia, Suiza, Holanda, Bélgica…) está optando por extender sus parques nucleares dado su enorme valor estratégico al ser una energía firme, fiable, sin emisiones de CO2, que incrementa la estabilidad del sistema y contiene la subida de la factura eléctrica. Tan sólo Alemania, que ha abandonado la generación de su parque nuclear, está comprobando los negativos efectos de tal decisión.
España, como siempre, va a contracorriente. Eso sí, es el cohete económico de Europa y «va viento en popa», según Pedro Sánchez.
