Las eléctricas, contra el Gobierno: Gravar con más IVA la luz y subvencionar la TUR del gas no es consistente con la descarbonización

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), la patronal de las eléctricas como Iberdrola, Endesa o EDP, lamenta que el Gobierno haya modificado, «con el fin de ir aumentando la recaudación impositiva», algunas medidas fiscales aplicadas para paliar las consecuencias de las subidas de precios, y considera que se penaliza a la electricidad, un vector clave para la descarbonización.

En un comunicado, la presidenta de Aelec, Marina Serrano, aboga por mantener un IVA reducido a más largo plazo por sus efectos contra la inflación, y carga contra la retirada gradual de la bajada del impuesto especial de la electricidad, ya que «gravar consumos eléctricos finales mientras se subvenciona la tarifa regulada de gas no es consistente con los objetivos de descarbonización».

El Ejecutivo, en el último Consejo de Ministros del año, acordó que el IVA de la electricidad pasará del 5 % actual al 10 % durante todo 2024, y que el impuesto especial, que antes era del 5,1 % y actualmente está en el 0,5 %, subiera al 2,5 % durante el primer trimestre y al 3,8 % en el segundo.

Por su parte, el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, suspendido en estos momentos y que originariamente es del 7 %, tendrá un tipo del 3,5 % hasta marzo, pasando al 5,25 % hasta junio.

Las eléctricas piden un IVA reducido de la luz a largo plazo

En alusión al IVA, las eléctricas entienden que debería valorarse el mantenimiento de uno reducido a más largo plazo por sus efectos «antiinflacionistas y para evitar gravar los consumos eléctricos finales que contribuyen a la descarbonización».

Sobre el impuesto especial, la asociación que reúne a las principales eléctricas de España, Iberdrola, Endesa y EDP, sostiene que «no tiene sentido que se penalice el consumo eléctrico y se subvencione el consumo de gas».

Del mismo modo, se posiciona en contra de la reimplantación gradual del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, establecido por primera vez en 2012 con el objetivo de alcanzar un equilibrio entre ingresos y costes del sistema, evitando la aparición de déficits tarifarios.

Sin embargo, «aquella situación nada tiene que ver con la actualidad, pues desde el ejercicio 2014 se han alcanzado superávits, y así se prevé para los ejercicios futuros», indica el comunicado.

De acuerdo con Aelec, el restablecimiento de este impuesto «traerá consigo una pérdida de competitividad de la generación de energía eléctrica en España frente a la producción en terceros países», y «supondrá una penalización para la electricidad, dificultando la inversión en nueva producción renovable, en un momento en que las señales deberían ir precisamente en sentido contrario».

Aelec insiste en que el gravamen «no está en línea con lo establecido en la Unión Europea»

La asociación también se pronuncia acerca del anuncio de la prórroga durante un año más (ejercicio 2024 a liquidar en 2025) del gravamen temporal a las energéticas, como paso previo a su comprometida revisión para que tenga carácter permanente.

Tal como explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el año de prórroga, se podrán deducir las inversiones estratégicas vinculadas a proyectos industriales y descarbonización.

Al respecto, Aelec insiste en que el gravamen «no está en línea con lo establecido en la Unión Europea», y resalta que su mantenimiento «es convertirlo en permanente, cuando han desaparecido las circunstancias que dieron pie a su implantación».

Prórroga de plazos

Por otro lado, la presidenta de la asociación valora la prórroga de los plazos establecidos para la conexión a red de los proyectos de energías renovables hasta los ocho años, la cual «intenta favorecer a la industria y propiciar, además, una incorporación ordenada de las nuevas instalaciones, facilitando que se mantenga el equilibrio entre generación y demanda».

Finalmente, habla del mantenimiento de las medidas de apoyo a los consumidores más vulnerables, y lo justifica por la situación de incertidumbre que persiste en el ámbito internacional.

No obstante, añade, debe avanzarse en la definición de criterios objetivos para la determinación de la situación de vulnerabilidad, sobre la base de la renta efectiva disponible y de la relación del coste de la factura energética sobre los ingresos efectivos, para garantizar que la ayuda «llega a los colectivos que la necesitan».