El juzgado mercantil nº 2 de Madrid ha revocado el nombramiento de Crowe como auditor de Urbas, firma a la que la propia empresa designó el pasado 31 de diciembre y que fue rechazada por los administradores concursales, y ha nombrado en su lugar a A Worldwide (AWW).
En un auto fechado el pasado 14 de abril al que ha tenido acceso EFE, el juez Andrés Sánchez Magro atiende así la petición de los administradores concursales, los despachos Auren y Kepler Kast.
El juez detalla los motivos para revocar el nombramiento, entre los que destaca la falta de liquidez de la concursada y su imposibilidad de asumir el coste de la nueva auditora.
También se refiere a la necesidad de evitar la duplicidad de costes, ya que A Worldwide «ya había realizado un 85 % del trabajo correspondiente a la auditoría del ejercicio 2024 y había percibido la cuasi totalidad de los honorarios por su trabajo».
Urbas alegaba que A Worldwide mantiene una «enemistad manifiesta»
Urbas alegaba que A Worldwide mantiene una «enemistad manifiesta» que provoca «falta de imparcialidad y objetividad», además de considerar que la falta de liquidez no justifica vulnerar su derecho a elegir a su auditor.
Fuentes de la empresa han señalado a EFE que A Worldwide no debe ser auditor de Urbas porque no es independiente, y han confirmado que recurrirán esta decisión.
La empresa ve «evidente» la falta de independencia de A Worldwide, ya que entre ambas existen «procedimientos judiciales cruzados y declaraciones públicas que muestran el conflicto entre ambas partes y correos electrónicos que reflejan las posiciones irreconciliables en varios asuntos».
Es evidente la falta de independencia, añaden las mismas fuentes.
Urbas siempre ha defendido que la negativa de A Worldwide a emitir el informe de auditoría sobre las cuentas anuales del ejercicio 2024, provocó la suspensión de la cotización de sus acciones el 30 de abril de 2025.
La compañía presentó la comunicación de inicio de negociaciones con sus acreedores en mayo del año pasado el pasado 5 de mayo y en julio formalizó un plan de reestructuración sin quitas que obtuvo un respaldo mayoritario de sus acreedores, alcanzando casi un 77 % de la deuda nominal, habiéndose adherido 53 acreedores.
Dicho plan quedó sin efecto debido a la oposición del fondo luxemburgués Roundshield Partners, al que Urbas acusa de estafa procesal tras haber valorado en cero euros unos activos que sirvieron previamente como garantía de un préstamo.
El juzgado de instrucción nº 41 de Madrid investiga una querella contra el fondo luxemburgués y sociedades anejas a las que Urbas acusa de estafa procesal tras haber valorado en cero euros unos activos que sirvieron previamente como garantía de un préstamo.
